México: novedades y ramificaciones del caso Ociel Baena

A la conmoción y la movilización provocadas por el asesinato en su domicilio de Jesús Ociel Baena Salcedo, primer jurista de género no binario de México y magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, en la capital del citado estado el pasado 13 de noviembre se suman ahora sendas iniciativas legislativas en el estado de Puebla y en el nivel federal cuyo objetivo es atajar y evitar los crímenes dirigidos contra las personas LGBTTTIQ+ por el mero hecho de su orientación. 

Para tipificar y castigar estos actos e instaurar la perspectiva de diversidad sexual en la legislación, la diputada federal de Morena Salma Lluévano está impulsando la llamada Ley Ociel Baena,que cuenta con el apoyo de varias asociaciones de diversidad sexual.

Por su parte, al día siguiente del asesinato la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), exhortó a la Fiscalía General del estado de Aguascalientes a investigar el caso con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, y que de ser preciso lo trate como un crimen de odio. Este mes de enero el grupo del PT en el Senado ha instado a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en los estados del país a acelerar las investigaciones sobre crímenes de odio contra la población LGBTTTIQ+ y a tratar esos casos con perspectiva sexual e identidad de género. 

La iniciativa legislativa federal, que aún no ha superado el trámite de la comisión legislativa, propone agregar al artículo 315.3 del Código Penal una pena de 40 a 70 años de prisión a quien cometa un homicidio motivado por alguna de las siguientes características de la víctima: orientación sexual; identidad de género; expresión de género; características sexuales; raza; religión; discapacidad; etnia; y nacionalidad.

En el estado de Puebla, su Congreso también estudia una propuesta que penaría con un máximo de seis meses de prisión y una multa a quienes inciten a la violencia contra personas LGBTIQ+ a través de redes sociales, o bien lo hagan por motivos de origen, color de piel y nacionalidad entre otras circunstancias.

Ambas propuestas surgen en parte por la actitud de la fiscalía de Aguascalientes, que en un primer momento se negó a considerar la identidad de género o la orientación sexual de las víctimas como posible móvil del crimen y que también se negó a facilitar a la familia elementos del sumario tales como  como el vídeo en el que se observa la entrada al piso de Baena. Tras algunos tiras y aflojas, la familia de Ociel Baena, víctima a su vez de un robo mientras velaba los restos de Ociel, llegó a finales del pasado mes de noviembre a un acuerdo con la Fiscalía.

Tras la primera versión del crimen pasional, según la cual Dorian Nieves agredió a su pareja hasta ocasionarle la muerte hiriéndole la yugular con una navaja para afeitar bajo los efectos de la metanfetamina para luego suicidarse, las autoridades se plantean ahora la comisión del crimen por una tercera persona y han tomado en consideración las amenazas que según la familia del jurista se habían recibido en las redes sociales del magistrade. De hecho, desde el mes de julio del año pasado las autoridades le habían proporcionado medidas de protección ante las agresiones y amenazas que recibía a través esas redes sociales, donde era muy visible.

Sea cual sea el móvil último del asesinato, ni la familia ni las asociaciones en pro de la diversidad sexual y los derechos humanos se muestran satisfechas con el relato de crimen pasional inducido por el consumo de drogas que Cinthya, hermana de Jesús, llegó a calificar de falso. Por otra parte, la ausencia en la legislación mexicana de provisiones que protejan a la población LGBTIQ+ podría favorecer el enmascaramiento de diversos delitos de odio. La misma en que se conoció la noticia de las muertes, una manifestación en la capital del país llegó hasta el Zócalo de la Ciudad de México y se corearon consignas como «¡Crimen pasional, mentira nacional!».