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La violencia laboral y los accidentes de trabajo son temas críticos en España, donde, a pesar de la normativa vigente, las cifras siguen siendo alarmantes. En 2023, se reportaron 1.217.491 accidentes laborales, lo que incluye tanto accidentes con y sin baja laboral (informe AT 2023). De estos, 647.495 accidentes provocaron bajas, mientras que 762 trabajadores fallecieron en incidentes laborales, lo que representa una disminución del 12,4% respecto al año anterior Portal INSST
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El pasado 7 de diciembre de 2024, en Valladolid, Castilla y León A, de 27 años y D de 40 años fueron agredidos por 5
Las consecuencias para las víctimas van más allá de las lesiones físicas. Muchos trabajadores quedan con minusvalías crónicas debido a accidentes severos, lo que les afecta no solo en su capacidad para trabajar, sino también en su calidad de vida y bienestar emocional. Esto se ve agravado por el hecho de que un porcentaje significativo de estos accidentes no se denuncia. Las personas trabajadoras, en muchos casos, temen represalias o incluso perder su empleo, lo que lleva a una subnotificación de los incidentes, especialmente en empresas pequeñas o donde la precariedad laboral es alta
Uno de los grandes desafíos para combatir la violencia laboral es el miedo a denunciar. Los trabajadores, especialmente aquellos con contratos temporales o fijos discontinuos, sienten que no tienen una opción realista de ganar un proceso legal. Esto se debe, en parte, al desconocimiento de las herramientas legales disponibles en España, un país garantista que ofrece derechos y recursos para proteger a los trabajadores. Sin embargo, la falta de formación y apoyo hace que muchas víctimas no aprovechen estos mecanismos(informe AT 2023).
Es preocupante que en más del 36% de los accidentes que causaron baja no se había realizado la evaluación de riesgos obligatoria, una infracción clara de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Esta falta de cumplimiento por parte de las empresas dificulta la resolución de muchos casos, ya que sin esta evaluación es complicado determinar la responsabilidad de los accidentes. Esto genera un ciclo de impunidad que perpetúa la violencia laboral.
Los datos muestran que los hombres sufren un mayor número de accidentes laborales en comparación con las mujeres, especialmente en sectores como la construcción y la industria. Sin embargo, las mujeres suelen ser más vulnerables a los riesgos psicosociales, que no están adecuadamente reflejados en las estadísticas. Además, los trabajadores jóvenes (de 16 a 24 años) tienen índices de siniestralidad más altos debido a la falta de experiencia y las condiciones precarias de sus contratos.
El Observatorio Contra la Violencia de Igual Dignidad no solo pretende ofrecer datos sobre la situación actual, sino también concienciar a los trabajadores sobre la importancia de denunciar, visibilizar las agresiones y actuar de manera conjunta para mejorar las condiciones laborales en España. Solo así podremos reducir los accidentes laborales y la violencia que persiste en el entorno de trabajo.
Por ello ponemos a tu alcance distintos canales, enlace a los sindicatos y a los profesionales que te defienden, solo recomendamos a sindicatos los que te asesoraran si te afilias y a abogados que van a prima de éxito, es decir que solo cobran si tu ganas el caso.
Tanto el presidente de Igual Dignidad que fue sindicalista, como el vicepresidente que lo sigue siendo, tenemos fiel compromiso de lucha contra la lacra de los accidentes laborales, ya que detras de esos numeros hay personas, es decir. Además también tienes acceso a guías de riesgos laborales y en esta misma web enlace a tu convenio laboral, por si lo desconoces.
Los Derechos Laborales, como los derechos humanos, son universales y entre tod@s tenemos que defenderlos.
Uno de los grandes desafíos para combatir la violencia laboral es el miedo a denunciar. Los trabajadores, especialmente aquellos con contratos temporales o fijos discontinuos, sienten que no tienen una opción realista de ganar un proceso legal. Esto se debe, en parte, al desconocimiento de las herramientas legales disponibles en España, un país garantista que ofrece derechos y recursos para proteger a los trabajadores. Sin embargo, la falta de formación y apoyo hace que muchas víctimas no aprovechen estos mecanismos(informe AT 2023).
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